La provincia de Chiclayo a comienzos a del siglo XX. Se observan el sistema hidrológico, los puertos, caletas, pueblos, redes ferroviarias y haciendas, e inclusive el trazo del proyectado Ferrocarril de Ferreñafe a Jayanca.
Las características de la organización del espacio de Chiclayo en el largo plazo se explican por el proceso histórico que tiene dos ingredientes básicos: la estructura preexistente al llegar los españoles, y la implantación de instituciones y formas de organización traidas por los españoles. Así, la presencia española trae algunos conceptos nuevos: la propiedad privada, y la forma comunal o municipal de propiedad de la tierra.
De este modo, la forma comunal de propiedad tiene su origen en la implementación, sobre la base de la economía nativa, del modelo de la “Comunidad de Castilla” (ver Arguedas 1968, Hurtado 1974 y Fuenzalida 1976). En Lambayeque, al sincretizarse esta institución castellana sobre la organización del espacio preexistente en el el llamado "reino de los mochicas" (Espinoza 1975), cuyos elementos básicos de organización económica y social pervivían a la dominación incaica, se crea una forma de organización social y del territorio muy particular.
Hay que recordar además, que el proceso de implementación de las reducciones en Lambayeque estuvo asociado al de la formación del sistema de hacienda. En realidad se trataba de una organización del espacio que implicaba el asentamiento de los núcleos de población indígena en las zonas relativamente marginales de los valles del hoy departamento de Lambayeque. La peculiar estructura social y economía vigente en la sociedad mochica tiene por ello importancia en el posterior proceso histórico de la propiedad de la tierra en esta región.
Vista del Parque pincipal de Chiclayo (1920), desde el segundo piso de la actual catedral de Chiclayo. Se observa la Iglesia Matriz, la línea del tranvía, entre otros detalles
Brevemente podemos señalar que el sistema social preexistente a la llegada de los españoles tuvo algunas características que lo distinguieron del resto de etnias que formaban el Imperio Incaico. Una de ellas es la existencia de una marca de diversión del trabajo, que se hallaba en todas las actividades de la producción (Rostworowski, 1977), este alto desarrollo de la especialización se sustentaba en una considerable desarrollo de la organización de la economía, que permitía que parte de su población de dedicara a una actividad suntuaria destinada a aumentar el lujo y boato de los señores sacerdotes (Ibidem). El cronista Cieza de León nos describe a algunos miembros de la clase alta yunga que conoció:
“Estos yuncas son muy regalados y los señores viciosos y amigos de regocijos, andaban a hombros de sus vasallos; tenían muchas mujeres; eran ricos de oro y plata y piedras y ropa y ganados. En aquellos tiempos servían se con pompa con pompa; delante de ellos iban truhanes y decidores; en sus casas tenían porteros; usaban de muchas religiones” (Cieza 1967).
Aspecto inteligente de la política colonial fue el reconocer y utilizar a los curacas dentro del sistema de dominación español, por lo que aquellos conservaron muchos de sus privilegios durante gran parte de la Colonia. Esta evidencia fue punto de partida para el estudio realizado por María Rostworowski de la sociedad yunga que existiera en Lambayeque, a partir de juicios por derechos cacicales; así en una fecha tan tardía como 1679 una provisión virreinal señalaba los derechos de una cacique de Monsefú; se disponía que:
“... los indios de la Comunidad de dicho Repartimiento de Monsefú, les habían de sembrar, beneficiar y coger a sus caciques, unas chácaras y sementeras de cuatro fanegas de sembradura de maíz y dos de trigo, dándoles semillas, de comer y beber a los mencionados operarios el tiempo que se ocuparen, para la guarda de sus ganados ocho indios viejos, seis muchachos de 17 años para abajo, y últimamente, para el servicio de su casa, y el de su mujer, seis indias viejas sin sospechas, a todos los cuales a más de la comida y bebida, los habían de contribuir los dichos caziques de vestido de algodón a cada uno, con la condición de que se hubiesen de mudar de seis en seis meses, a menos que ellos de su voluntad, quisieren servir más tiempo” (Rostworowski 1961: 9 – 10).
La implementación de las nuevas instituciones españolas, por ello, al introducir una concepción de propiedad privada en realidad continuaba con la consolidación de una forma original existente en la sociedad mochica. Para apreciar esto será útil la lectura de una selección de los bienes que figuraban en el testamento de Francisco Feñcum Huerta, otorgado en Lambayeque en 1575 a 40 años de la conquista, el pachaca de la parcialidad o pachaquía Esquen dejaba los siguientes bienes:
“... Yten que tengo cuatro hasequías de mays en mis tierras.
Yten que tengo otra hasequia de mays en tierras de Ferreñafe.
Yten que tengo unas tierras que se llaman Llocchunic.
Yten que tengo unas tierras que se llaman Charrec.
Yten que tengo otro pedasp de tierra que se llaman Huasca.
Yten otras que se llaman Mocsieic.
Yten otras que se llaman Yapaicochi.
Yten otras que se llaman Tucumpayec.
Yten que tengo otras tierras que se llaman Tunisnic.
Yten otras tierras que se llaman Chuncala.
Yten otras tierras que se llaman Munasnic ynxertos árboles de guabas y y de guayabas.
Yten que tengo dos palas y una acha.
Yten que tengo una guertecilla ynxerto árboles junto a mi casa.
Yten que tengo unas pocas tierras que se llaman Tayasnic” (Bruning 1922 – 3, fascículo I: 37 – 44.
Aparte de estas propiedades rústicas esta pachaca mochica poseía noventa ovejas de Castilla y dos yungas, además de un sinnúmero de pertenencias menudas. Indudablemente la mantención de la jerarquía social que existía antes de la conquista significó la consolidación de una forma de propiedad que probablemente ya existía antes del trauma colonial.
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Vista de la antigua Iglesia Matriz de Chiclayo, a inicios del siglo XX
Por ello la implementación del sistema de reducciones, es decir, la traslación compulsiva de la población compulsiva de la población indígena para agruparla en poblados de acuerdo al modelo de los pueblos o comunidades de Castilla, asimiló estos elementos. La distribución de las tierras al incluir un sector de tierras comunales en la periferia del pueblo indio o reducción tomaba para esto las tierras marginales (ver Málaga 1974, Choy 1979 y Espinoza 1980).
Parte de la motivación para implantar la nueva organización de la población fue la de apropiarse de las tierras en posesión de la población nativa al momento de la conquista. La implementación paralela del sistema de hacienda a través de las encomiendas llegó en Lambayeque a ocupar las tierras ancestralmente en poder de las parcialidades mochicas de Lambayeque. Por ejemplo, lo que, han sido las haciendas Capote, Luya, Tumán y Pátapo (de origen colonial) corresponden a lo que fue la antigua parcialidad de Cinto; la parcialidad de Collique correspondía a lo que fueron las haciendas de Pucalá Sipán, Saltur, La Calera y Pampa Grande (Arroyo 1956: 23); estas dos parcialidades fueron reducidas en lo que hoy es la ciudad de Chiclayo (León Barandiarán 1935). Como señalaba también Enrique Bruning, notable pionero de la etnohistoria:
“La mayor parte de las tierras de los antiguos repartimientos de Chuspo, Coyque (o Collique), Sinto y Lambayeque están ahora incluidas en las haciendas de Pátapo, Tumán, Capote, Luya, San Miguel y otras; muy pequeña parte ha quedado independiente en manos de pequeños chacareros indígenas, y más, absorbidos por los latifundios, la principal razón de la disminución de la producción de comestibles, y de ahí su carestía” (Bruning 1922-3, fascículo IV: 34).
A pesar de todo este proceso, la legislación colonial permitía la existencia de tierras comunales, administradas por los cabildos, aún con el proceso de absorción de tierras por parte de las haciendas. Desde inicios de la República, sin embargo, se suprimió esta antigua legislación tutelar de las comunidades, que por añadidura perdiera su existencia legal y capacidad de poseer; la ley sólo reconocía propietarios individuales (Chevelier 1966). Un testimonio elocuente e impresionante de esto es la declaración que sobre la supervivencia de la propiedad comunal hacía Miguel Delgado en su memoria como Ministro de Hacienda en 1889.
“Bien sabido es de todos que, los terrenos denominaos ejidos o de comunidad, no tienen ya razón de existir. Estas tierras les fueron dadas a los indígenas para que cultivándolas, pudiesen pagar el tributo que sólo a ellos se les cobraba.
La existencia de estas tierras en el estado indiviso en que se encuentran, ha sido y sigue siendo, una rémora para el desarrollo y progreso de la agricultura, y causa constante de pleitos y reclamaciones.
La agricultura recibiría un gran beneficio dividiendo esas tierras entre los indígenas de la comunidad y expidiéndoles títulos de propiedad real, porque además de representar éstos una fuerte suma, que sería una capital más que se movilizaría en el país, cada individuo tendría el suyo, con qué librarse a poco costo de la usura y esclavitud de que son víctimas” (Delgado 1889 76-7).
De este modo se fundamentaba y justificaba la privatización de los terrenos comunales, los que, se indicaba, constituían un obstáculo para el progreso de la agricultura, es decir, según la connotación usada por los civilistas y liberales de la época, de la agricultura comercial.
Por ello es que, cuando gracias al empuje del movimiento indigenista, en 1920 Leguía reconoce la existencia de las comunidades éstas habían pasado por un avanzado proceso de disolución; gran parte de las tierras comunales ya se había privatizado (ver Degregori y Golte 1973). Hay que señalar también que el régimen redistributivo andino (cuyo sustento básico era la reciprocidad, segun John V. Murra) no tuvo la importancia básica que sí tuvo en otras regiones andinas. En Lambayeque, por su peculiar ecología, el sistema económico se basaba en el control hidrológico administrativo del valle y la especialización de las comunidades o parcialidades de base centralizadas a través del mecanismo del comercio (Kosok 1959; Rostworowski 1977). Esto indudablemente influyó en que en 1928 –aún después de un largo proceso de liquidación y desintegración comunal – se percibía la diferente importancia que tenía el régimen de comunidades en el Perú; así en el departamento de Lambayeque sólo había el 0.32% de comunidades del Perú, y los departamentos del norte en su conjunto sólo representaba un reducido 12.23% frente al 73.24% de los departamento del sur (Solís 1928: 233).
Otro elemento destacable es que la temprana presencia en los valles de Lambayeque (especialmente Lambayeque y Zaña) de una dinámica economía mercantil agraria (Cf. Ramírez-Horton 1978) y dada la limitada oferta de tierras libres, influyó en la creación de un mercado de tierras en las que participaron tierras comunales, por ejemplo para el siglo XVII Susan Ramírez encuentra un testimonio de venta de tierras de la comunidad de Monsefú al propietario de la hacienda Pomalca, capitán Martín Núñez de Arce (ibid, 324), en plena época de expansión de la producción azucarera en esa hacienda y en el valle.
De tal modo, en el siglo XIX los terrenos habían quedado reducidos a tierras erizas y pastizales, por la subdivisión de las tierras cacicales (por herencia), como por privatización de las escasas tierras comunales de buena calidad, lo que trajo la creación de pequeña propiedad indígena. Así, a mediados del siglo XIX ya la mayoría de las tierras se habían privatizado, por su incorporación a las haciendas o por la fragmentación en pequeñas tierras o parcelas campesinas.
El resultado fue una compleja estructura agraria formada básicamente por tres elementos: pequeña propiedad, la forma comunal de propiedad y las haciendas. Definiendo muy rápidamente estas tres formas de propiedad, señalaremos que con la pequeña propiedad queremos identificar la economía campesina parcelaria independiente, que producía básicamente en forma autosubsistente (sin excluir relaciones mercantiles eventuales o permanentes, pero con escasa o nula acumulación), en este caso se trataba de parcelas ubicadas en lo que fueron antiguas reducciones.
Por forma comunal designamos el rezago de las antiguas comunidades instaladas por la administración colonial como parte del ejido de las reducciones o pueblos indios; en el último tercio del siglo XIX, como veremos, estaban circunscritos a pastizales reducidos o latifundios improductivos, en tierras marginales del sistema de irrigación. Genéricamente denominamos haciendas a las grandes propiedades con distinto desarrollo de las fuerzas productivas y relaciones de producción que tenían sin embargo la característica general de ser de gran extensión, al punto de ser una unidad poblaciones con una masa de campesinos dependientes y/o trabajadores asalariados. Para mayor claridad, en el siguiente cuadro se puede apreciar la disparidad de los pesos específicos de cada una de estas formas de propiedad en el valle de Lambayeque y Zaña en el último tercio del siglo XIX.
Hay que aclarar que hemos preferido esta forma de presentar la información a un manejo cuantitativo estrito, ya que las disparidades de las fuentes podría provocar distorsiones. Es virtual la inexistencia de tierras comunales en Picci, Chogoyape, Monsefú y Eten, mientras que en Chiclayo (distrito) había desaparecido completamente como se puede apreciar en el siguiente cuadro, que traza un inventario de las propiedades comunales de los distritos de Chiclayo.
Ahora bien, es suficiente señalar el carácter comunal de la propiedad de los fundos rústicos señalados. Importa también la forma de posesión o conducción en que se hallaban para así detectar cuál era y cuáles habían sido los mecanismos de apropiación privado de las propiedades comunales.
Los dos grandes latifundios todavía sujetos en 1873 a propiedad comunal eran Chacupe en Reque y Mocupe del distrito de Lagunas, con 350 y 250 fanegas de terreno, respectivamente. Según el informe del subprefecto de Chiclayo se arrendaban periódicamente en forma íntegra para ser subarrendados a pequeños agricultores, quienes a su vez pagaban una renta anual o “terrazgo”. Según la descripción del José M. Arbulú, Chacupe contaba de:
“... 350 fanegas de terrenos, pertenecientes a la comunidad del distrito, las cuales son rematadas en subasta pública todos los años cada vez que vence el período de 5 años, tiempo que dura cada subasta; y son subarrendados a un gran número de vecinos de Monsefú, y los de este distrito teniendo cada uno de ellos desde 2 hasta 10 fanegas de terreno de cultivo que se hacen comúnmente de alfalfa, gramalote, maíz y panllevar. Los alfalfares, gramalotes sembrados en toda su extensión, son dedicados a la cría de diferentes ganados, y no se puede estimar el gasto que originan cada fanegada para su sembrío, por sus cultivadores, no tienen conocimiento ni tienen razón alguna de para ello, calculándose el número, que en toda el área hay de animales para la ceba, no pase de 600 a 800 de diferentes especies , siendo casi en todo su mayor parte el de ganado vacuno” (Arbulú 1874: 342).
A lo largo de su historia esta propiedad comunal sufrió una serie de disputas por su posesión. Las partes interesadas eran, aparte del Concejo de Reque, como propietario, vecinos de Monsefú que generalmente fungían de arrendatarios (o subarrendatarios) de pequeñas parcelas, y el rematista o arrendatario que adquiría el derecho de posesión cada cinco años en subasta pública. Una importante institución que había entrado en juego era la Iglesia al apropiarse paulatinamente de tierras a través del mecanismo de donaciones, hasta constituir los llamados “Montes de la Iglesia”.
La presencia constante de los subarrendatarios por un largo período fue seguramente un mecanismo que al asentar al campesino creó una forma de apropiación privada de la tierra. Desde los años setenta del siglo pasado ya se observaba intentos de privatización de las tierras comunales de Chacupe desde los campesinos colonos. En un reclamo de nulidad del arrendamiento efectuado por el Consejo de Reque en favor de Pedro Pablo Bullón señalaban que:
“... el Concejo Municipal de Monsefú ha sufrido una gravísima equivocación, al estimar de su competencia reclamar del arrendamiento de los terrenos de Chacupe hecho a Don Pedro Pablo Bullón. Los intereses que se ventilan en este asunto no son ni pueden ser bajo ningún aspecto comunales (...) es decir, pertenecen a cada uno de ellos que siembran en los terrenos de Chacupe. Darle pues el carácter de comunal sería desnaturalizar y sentar el pésimo precedente de que todo Concejo Municipal tendría derecho y personería suficiente para defender cuestiones de un individuo con tal que pertenezca al municipio y su contendor fuera el otro Concejo...” (ACPCh, II, T4, Ps. 112-4).
A pesar de estas inquietudes privatizantes de las parcelas campesinas formaban parte el latifundio comunal de Chacupe, se siguió subastando periódicamente ya que constituía la única renta importante del Consejo. Además, el arrendatario era generalmente un contribuyente importante cuyas influencias eran consideradas en cualquier decisión edil. Este extenso latifundio, que contaba con 3,900 hectáreas según un testimonio de 1921 (Bachmann 1921: 153), se mantuvo bajo el mismo sistema de arriendo y subarriendo hasta muy avanzando el siglo XX.
Hacia 1920 el arrendatario era el señor Pedro Baca quien subarrendaba pequeña parcelas a campesinos “colonos” de Chiclayo y Monsefú. Estos campesinos colonos o yanaconas pagaban una renta en dinero al arrendatario-administrador, transfiriendo de esta forma el excedente generado en su producción agrícola de arroz y maíz, al tiempo que mantenían su producción de subsistencia con sus sembríos de hortalizas. Se trataba ya de un sector campesino que, aunque dependiente, mantenía vinculaciones estrechas con el mercado regional, por ejemplo, de señalaba que producía anualmente un millón de kilos de de arroz en cáscara que se procesaba en los molinos de Chiclayo, además de una importante producción de maíz que se vendía en los mercados de Chiclayo y Monsefú (Idem).
Chacupe era en realidad el último predio importante que quedaba como propiedad comunal de Reque después de haber sufrido un proceso de aprobación por la iglesia (Monte Grande) y, por las plantaciones azucareras Tumán y Pomalca (los fundos Samán, San Luis y parte de Chacupe). Ya en los finales del siglo XX, el proceso de privatización ha culminado en la constitución de una cooperativa agraria de producción, la CAP San Martín, formada por el antiguo Chacupe junto con “Montes de la Iglesia”, predio antiguamente de propiedad comunal, pero que figuraba en 1874 como administrado por el párroco, quien usaba sus rentas para su manutención (para una historia resumida y esquemática de la comunidad de Reque, ver CEAR 1979 y CEAR 1980).
Hoy (2009) todos esos terrenos han sido primero parcelados como resultado del proceso general de desactivación del proceso de reforma agraria que se dio en los años 1980, y ahora son parte del hinterland urbano de la ciudad de Chiclayo.
El otro predio extenso de propiedad comunal era Mocupe, el que, según una descripción del siglo pasado, tenía características similares a Chacupe:
“... consta de 250 fanegas de terreno, cuya mayor parte son algarrobales, siendo en la actualidad el arrendatario don Miguel Chancafe y subarrendatarios de éste, otros vecinos del distrito, habiéndose cultivado en ellas unos pocos pedazos de tierra, con diferentes granos, todos casi para el consumo particular” (Arbulú 1874: 346).
Doce años después era arrendado por el propietario de la vecina hacienda Ucupe, ubicada también en el valle Zaña, quien también la subarrendaba, parcialmente, a pequeños agricultores de Lagunas y empleaba el resto (pastizales) para cría y mantenimiento de ganado, reduciendo así los costos de Ucupe, hacienda arrocera y cañera.
Posteriormente, a partir de la inundación del antiguo pueblo y campiña de Lagunas en 1901 se reubicó la población en el latifundio de Mocupe, de tal forma que hacia la década del veinte un observador señalaba que existían sólo 30 ó 40 casuchas con unos sesenta habitantes que cultivaban unas cien hectáreas, mientras que paralelamente se había formado una nueva población en Mocupe en la que habia unos doscientos habitantes que se dedicaban al cultivo del arroz y maíz extensión de 240 hectáreas.
Esta población además de la agricultura tenía como ocupación el tejido de sombreros de junco que se exportaban a chile (Bachmann 1921 : 293) y eran arrendatarios directos de la Municipalidad. Esta relación se mantuvo hasta 1969 en que por la reforma agraria se les adjudicó las parcelas a sus posesionarios, que habían ido, desde comienzos de siglo, fijándose a la tierra. Podría hablarse en este caso de una vía campesina de desintegración de la propiedad comunal, en la que, como otras haciendas contemporáneas, se desarrollaban relaciones de producción feudales desde el siglo pasado. Esta relación feudal consistía en una forma de dependencia que s expresaba en el pago en dinero de un canon denominado “terrazgo” –similar a la renta en dinero del mismo nombre que se pagaba en las haciendas- de “agricultura mixta” que estudiaremos más adelante.
Vista de parte del parque de Chiclayo, con el tranvía pasando por la actual calle Elías Aguirre, comienzos del siglo XX
Lo anteriormente indicado se puede documentar en un expediente que presentaba el alcalde de Lagunas al Consejo Provincial según el cual pedía se notificara al arrendatario Manuel Arteaga para que se abstuviera de cobrar los terrazgos (renta de la tierra) del año 1881 por no corresponderle. El dictamen que recayó sobre este asunto, redactado por Isidro E. Ruiz, Werner Gorbitz y Belisario Barnuevo y aprobado el 23 de marzo de 1893 en sesión del Consejo, señalaba que el conductor de Mocupe tenía derecho:
“....para cobrar a los subarrendatarios que allí existen, tanto los pastos de sus animales como los terrazgos de las sementeras que cosechan, a partir...(del 01 de enero en que empezó la vigencia del contrato de arrendamiento. Además..... /n.s.)... tienen derecho para subarrendar parcialmente esos terrenos, aceptar a los subarrendatarios que quiera y celebrar con ellos los contratos en que convengan, pudiendo despedir a los que no sean de su agrado por entrar todo esto en el uso de dichos terrenos como conductor le concede el contrato celebrado con el H. Concejo Provincial; y que por tanto no está obligado a arrendarle forzosamente a nadie sean a no vecinos de Lagunas” (ACPCh, IIB16, fs. 103-5).
Como hemos visto anteriormente, en este caso la evolución posterior significó la disolución de esta propiedad comunal a través de la consolidación de las parcelas campesinas.
Ahora bien, a nivel de estos valles, Chacupe y Mocupe fueron las más importantes posesiones comunales que tuvieron la explicación de su supervivencia por su relativa marginalidad por su relativa marginalidad de su sistema de riego, lo que les restaba valor en forma considerable hasta principios de siglo. No ocurrió de igual modo con las posesiones comunales de otro pueblo, Zaña, que sufrió en forma temprana un intenso proceso de privatización de sus tierras comunales por parte de las haciendas vecinas, especialmente la plantación azucarera Cayaltí.
Así, entre otros métodos de apropiación de estas tierras comunales, se sabe que el pago de deudas del estado por servicios prestados fue uno de ellos; de este modo es que los fundos Potrero, San Nicolás y Sipán, propiedad de la Municipalidad de Zaña, pasaron a ser (noviembre 1828) del general de brigada José María Plaza” en pago de la deuda contraída por el estado”; otro caso es el fundo salitral que pasó a poder de José Manuel Rodríguez, con 144 hectáreas. Posteriormente, por un sinuoso pero constante proceso de absorción, todas estas nuevas haciendas formaron parte de una gigantesca plantación del valle Zaña: Cayaltí (Graciela Vera y Socorro Vargas estudian este proceso, ver Vargas y Vera 1980).
Como consecuencia de este largo proceso de privatización y absorción de propiedad fundiaria, hacia el último tercio del siglo pasado Zaña conservaba sólo dos propiedades rústicas: la Pampilla y Guabal que sumaban 29 fanegadas. Estas tierras también sufrieron un proceso de privatización similar al caso de Mocupe, ocurriendo incluso un proceso de diferenciación interna del campesinado arrendatario de estas tierras comunales, que se consolidaría definitivamente a partir de la reforma agraria de 1921, la que previa calificación, adjudicó las parcelas a sus posesionarios.
Otro caso, diferente por su temprana liquidación de las tierras comunales es el de Picsi, antiguo asentamiento de la parcialidad Mochica de Cinto. Como observaba certeramente Carlos Bachmann en 1921, el pueblo de Picsi:
“....no tiene más importancia que la de comprender grandes haciendas, pues el pueblo no merece el nombre de tal, por reducirse a unos cuantos ranchos dispersos, donde viven hasta 150 personas, que es lo más que tendrá esa desaseada, incómoda y triste ranchería” (Bachmann 1921: 292).
Como se puede observar, dentro de la tendencia general de privatización de la propiedad comunal de los diversos distritos se dieron formas o vías peculiares. Este proceso no fue exclusivo de los distritos de la provincia de Chiclayo, donde por su temprana integración al circuito mercantil se dio desde las épocas coloniales un rápido proceso de privatización. Por ejemplo, en zonas como Ferreñafe hubo una aceleración de este fenómeno desde mediados del siglo XIX y comienzos del presente, como señalaba Demetrio Plaza en 1929,
“.....los municipios desde mediados de la era republicana al año 1895, y hasta el 1990 ilegalmente donaron o vendieron las tierras comunales del pueblo: funestos errores de componendas pasadas que nos han legado como herencia la bancarrota y la ruina de los intereses públicos (......). El problema de la tierra de ayer continúa (....), es el mismo problema de hoy, problema de conquistas y de absorciones, crecido y complicado con el problema de los arrendamientos, con el problema de los desalojos, con el problema de los campesinos, con e problema de los braseros, legítimos descendientes de los dueños de la tierra de ayer....." (APL, “Exposición de Demetrio Plaza en la sesión del Concejo Municipal de ferreñafe”, 24 de septiembre de 1929).
Esta tendencia a la privatización de la propiedad de las tierras comunales al parecer tuvo su apogeo en siglo XX. En la extensa comunidad campesina de Mórrope, por ejemplo, debido a su situación marginal del sistema hidrológico del Valle la Leche, en la Provincia de Lambayeque, supervivió a la colonia y república con sólo una hacienda (Sasape) de propiedad privada. Por los años veinte del siglo pasado, esta propiedad agrícola ya era objeto de apropiación, como denunciaban en septiembre de 1925 los comuneros en comunicación dirigida al prefecto de Lambayeque; añadían que el alcalde Tomás Vidaurre se encontraba repartiendo tierras de la comunidad entre él y sus favorecidos, no teniendo legalmente injerencia ni personería para ello. Mórrope abarcaba 27 kilómetros de largo por 16 de ancho de los que, a pesar de su feracidad, se aprovechaba poquísima extensión de terrenos por la aguda escasez de agua (APL, Of. De documentos de comunidad de Mórrope al prefecto, 22 IX 1925), lo que explica el tardío proceso de apropiación privada de la tierra. .
Mórrope, que fue una reducción colonial, creada en la visita del oidor Gregorio Gonzales de Cuenca en los años 1540, carecía desde por lo menos el siglo XIX de bienes rústicos comunales o ejidales. Influyó en esta temprana privatización de los terrenos ejidales el hecho de ser la periferia de una populosa urbe como es la ciudad de Chiclayo, que ya desde los años sesenta del siglo pasado contaba con 10,000 habitantes (Backus 1867). Mórrope abastecía a Chiclayo de productos alimenticios lo que aceleró el proceso de apropiación privada de la tierra al punto de que por los años sesenta del siglo pasado se calculaba que en Mórrope eran 3, 500 las parcelas campesinas que se dedicaban, por entonces, a la producción de panllevar, maíz y caña de azúcar para la elaboración de miel (insumo de la chicha, bebida de amplio consumo popular).
Algo similar ocurría con los distritos de Monsefú y Eten, en los que las propiedades comunales no tenían prácticamente importancia económica. También por la alta tasa demográfica en estos pueblos y por la escasez de tierras, desde muy temprano se dio una amplia fragmentación de la tierra. Hacia el último tercio del siglo pasado la pequeña propiedad, muy diferenciada, cubría todo el espacio agrícola de estos distritos, por lo que se les podría denominar como netamente campesinos.
Fuentes y bibliografía
Chiclayo, 29 de marzo 2009
